Convención de Partido Popular en Sevilla: Las Diputaciones

Las Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular han defendido hoy el papel institucional que cumplen las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, al tiempo que han reclamado al Gobierno la urgente reforma el sistema de financiación para poder afrontar mejor sus competencias, especialmente la asistencia a los pequeños municipios.

Esta es una de las conclusiones a la que se ha llegado tras la celebración de la mesa celebrada hoy en la Convención Nacional del PP, dedicada al “Papel de las Diputaciones, Cabildos y Consells”, que ha estado moderada por el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y en la que han intervenido el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, la candidata a la presidencia del Consell de Mallorca, María Salom, y el candidato al Cabildo de Tenerife, Antonio Alarcó.

De este modo, en esta mesa se han propuesto las siguientes medidas:

1. Exigir al Gobierno de la Nación que remita a la Cámara, antes de que finalice el actual periodo de sesiones, el Proyecto de la nueva Ley de Financiación Local conjuntamente con el nuevo Proyecto de Ley Básica de Gobierno y Administración Local, así como incorporar una memoria económica a esta última Ley.

2. Fortalecer y modernizar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, en La futura Ley Básica de Gobierno y Administración Local, creando una Carta provincial de servicios y actualizando sus cometidos, especialmente en su función de asistencia y cooperación con los municipios pequeños y medianos.

3. Reconocer el valor institucional de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios.

4. Modificar el sistema de financiación basado en:

a. Una participación en los tributos del Estado suficiente para hacer frente a las competencias propias de colaboración y asistencia, añadiéndose modificaciones legales que permitan un mayor volumen de recursos propios a los entes provinciales, para alcanzar una mayor corresponsabilidad.

b. Una participación en los tributos de las CCAA como instrumento que permita aportar la financiación necesaria para implementar servicios prestados por los Entes Intermedios, cuya titularidad es de carácter autonómico y que propiciaría la segunda descentralización.

c. La clarificación del proceso de competencias impropias y su encaje en el nuevo sistema de financiación que se establezca.

5. Reclamar al gobierno una mejor gestión de los fondos europeos, ya que los propios acuerdos reguladores de los mismos suelen olvidar la dimensión provincial.

Por último, los asistentes han recordado también que las Diputaciones, Cabildos y Consells, llevan muchos años cooperando desde la lealtad institucional y cumpliendo una labor de coordinación territorial, de ayuda a los pequeños municipios y de impulso a las actuaciones complementarias de competencia municipal.

Bueno, esto tenía que salir algún día. No podemos defender una cosa, la contraria, y vuelta a la misma, sin que se ponga en evidencia la contradicción del discurso. En esta etapa, no podemos intentar contentar a absolutamente todo el mundo al mismo tiempo. A ver, si estamos cuestionando, con razón, la estructura organizativa del Estado, por insostenible, tratando de reconducir duplicidades en la estructura del gasto público debido a la superposición de niveles de gobierno sobre las mismas o similares competencias, la primera cuestión a abordar debería ser la simplificación de estas estructuras , de forma que desaparezcan estas duplicidades. ¿Podemos soportar más de 8000 ayuntamientos?. Hay provincias, como Murcia, que para una población de 1,5 millones de habitantes, tiene 45 ayuntamientos, y por ser uniprovincial, carece de diputación. Parece un ratio lógico y una estructura sostenible. Burgos, con 374.000 habitantes , tiene 371 municipios, además de diputación provincial. ¿Es sostenible esta estructura?. Pues lo dudo. Creo que es absolutamente insostenible, y un elemento de gasto público totalmente irracional.¿Es que las CCAA no pueden, con sus tremendas estructuras organizativas, garantizar la igualdad territorial?. La respuesta parece obvia.

Por tanto, se impone por lógica la reestructuración organizativa del Estado. Es difícil la reducción de municipios, por cuestiones casi tribales. La agrupación en consorcios para la prestación de determinados servicios públicos, buscando economías de escala, debería de ser obligatoria. Y la supresión de las Diputaciones Provinciales, con el consecuente traspaso de competencias y, en su caso, de presupuestos, a las CCAA , un paso imprescindible desde el punto de vista estructural y de simplificación administrativa. Carece de sentido mantener otra estructura local interpuesta, que sólo genera ineficiencia en el gasto público. La eliminación de un buen número de cargos políticos, más los asociados a esta estructura, seguro sería bien valorada por los contribuyentes.

Hay que mojaras en algo tan evidente...

Se impone, por tanto, unamracionalizacio