Sin que sirva de precedente, un tribunal superior de justicia ha hecho, precisamente, eso, administrar justicia sin mezclarla con la política. Se ha reconocido el derecho de unos padres a objetar de EpC, porque incidía directamente en el derecho de los padres a formar a los hijos en el ámbito moral que consideraran adecuado, no en el que imponga el gobierno socialista. Esto hubiera supuesto volver a los tiempos de los soviets, o a China, o a Cuba o a la Alemania nazi. O a lo que, lamentablemente, ocurre en alguna comunidad autónoma de las denominadas "históricas". Es una buena noticia, no sólo porque se ha producido en esos términos, sino porque se ha hecho en plena campaña electoral, lo que indica, como decía antes, que no debería de haber contaminación política en los pronunciamientos jurisdiccionales.
La "siempre respetuosa" Maria Teresa de la Vega, la que "nunca comenta sentencias judiciales", que las "acata" y exige con su vehemencia habitual que se acate, ha dicho que "Es incomprensible que alguien pueda objetar a educar a sus hijos en valores de libertad y respeto".
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