Repito, aunque me haga aburrido, que el ABC tiene, probablemente, la nómina de los mejores articulistas de opinión de la prensa escrita. El artículo de hoy, extraordinario como casi todos los que publica ese periódico, es de Juan Manuel de Prada. Se titula "La tregua del derecho", y sobran las explicaciones sobre su contenido. Hay que leerlo...
Antes del artículo, una nota sobre la política de comunicación de algunos medios. En concreto, de ABC, ya que estoy comentando uno de sus artículos. Me parece acertadísima la difusión sin límites en su edición electrónica de sus artículos de opinión. Permite acercar a todos los internautas su posición ideológica, y eso no es habitual en las versiones digitales de la prensa escrita, que dejan esa exposición ideológica a sus ediciones impresas, en una equivocada apuesta mercantil. En cambio, el diario de Vocento exhibe sin rubor sus editoriales, por lo que la difusión de su línea editorial llega y se difunde con rotundidad a todo quien quiera leerlo. Magnífica estratégia.
No me enrollo más: aquí, el artículo.
La tregua del Derecho (ABC, edición 9/6/2007)
Antes del artículo, una nota sobre la política de comunicación de algunos medios. En concreto, de ABC, ya que estoy comentando uno de sus artículos. Me parece acertadísima la difusión sin límites en su edición electrónica de sus artículos de opinión. Permite acercar a todos los internautas su posición ideológica, y eso no es habitual en las versiones digitales de la prensa escrita, que dejan esa exposición ideológica a sus ediciones impresas, en una equivocada apuesta mercantil. En cambio, el diario de Vocento exhibe sin rubor sus editoriales, por lo que la difusión de su línea editorial llega y se difunde con rotundidad a todo quien quiera leerlo. Magnífica estratégia.
No me enrollo más: aquí, el artículo.
La tregua del Derecho (ABC, edición 9/6/2007)
AL final, y en resumidas cuentas, podría afirmarse que, mientras ha durado el llamado «alto el fuego permanente» de la banda etarra, lo único que se ha declarado en tregua ha sido la aplicación de las leyes. Durante mis estudios de Derecho, me enseñaron que las leyes positivas no pueden permanecer ajenas a la realidad social; razones de pura seguridad jurídica exigen que el Derecho legisle realidades nuevas o cambiantes. Pero esta necesidad de atender realidades nuevas no debe encubrir razones coyunturales de veleidad o cálculo político. Sería deseable, por ejemplo, que un Gobierno decidiera aliviar las cargas impositivas sobre los ciudadanos si el erario público recibiese ingresos suficientes por otras vías menos gravosas; en cambio, resultaría inadmisible que un Gobierno resolviese dejar de recaudar impuestos en vísperas electorales para después volver a recaudarlos con igual rigor una vez obtenido el triunfo en las urnas. También sería comprensible que un Gobierno decidiera aplicar con mayor benignidad la legislación en materia terrorista, promover una reforma legislativa menos punitiva o incluso arbitrar medidas de gracia, si la realidad demostrara que los terroristas han cejado en sus propósitos, abandonado las armas y disuelto su organización criminal. En cambio, resulta escandaloso que la ley deje de aplicarse o se aplique blandamente para favorecer una negociación con terroristas que en modo alguno están dispuestos a renegar de sus métodos, mientras no se atiendan sus pretensiones.
En su declaración de «alto el fuego permanente», los etarras dejaban bien claras sus pretensiones, inasumibles para el Estado, puesto que afectaban a su mismo régimen jurídico, tal como queda establecido en la Constitución. Por razones de puro cálculo político, el Gobierno decidió entrar en negociaciones con una banda de delincuentes confesos y relapsos. Amén de comprobar que no estaban dispuestos a ceder ni un ápice en sus pretensiones quiméricas, el Gobierno también pudo cerciorarse de que el llamado «alto el fuego permanente» era en realidad un sofisma, puesto que los etarras seguían aprovisionándose de armas, organizando comandos, etcétera. Luego se produjo el atentado en la nueva terminal del aeropuerto, que convertía el sofisma en un sangrante sarcasmo. Pero, por razones de puro cálculo político, el Gobierno se empecinó en el error: aunque declaró concluidas las negociaciones (pero con el tiempo llegaríamos a saber que tales negociaciones proseguían de tapadillo o matute), promovió una aplicación más benigna de la legislación en materia terrorista.Todos recordamos las palabras del fiscal general del Estado en las que hacía un llamamiento a los jueces para que adaptaran sus dictámenes a la nueva coyuntura; todos recordamos los remoloneos de Otegui ante los tribunales y la atenuación de su condena a De Juana y, ya por último, la estrafalaria y vergonzante medida salomónica que permitió a los batasunos concurrir a las elecciones recientes en cientos de municipios. Son episodios de ignominia jurídica difíciles de olvidar.
El nuevo comunicado de la banda, en el que se declara el fin del llamado «alto el fuego permanente», sólo añade ribetes de recochineo al sangrante sarcasmo. Por razones de puro cálculo político, el Gobierno decide que De Juana vuelva a prisión: es una reacción pueril, como la del maestro zascandil que castiga a destiempo al niño díscolo, después de haberse dejado torear; es una actitud, sobre todo, que delata a las claras que durante los meses en que De Juana se ha beneficiado de una atenuación de la pena el Gobierno ha forzado una aplicación injusta de las leyes. Más difícil será subsanar otros desaguisados favorecidos durante un período en que el Derecho se ha declarado en tregua, como la vuelta de los batasunos a los órganos de gobierno municipales. Y tal tregua del Derecho en modo alguno ha sobrevenido acompañada de una realidad nueva: los terroristas nunca dejaron de exigir sus quimeras, inasumibles por el Estado; nunca dejaron de emplear métodos delictivos para su consecución. El Derecho, simplemente, se ha allanado ante las pretensiones de unos asesinos confesos y relapsos; el Derecho ha mirado para otra parte, mientras ellos insistían en sus fechorías. Por razones de puro cálculo político.
