Muy bien, muy interesante, a priori, la declaración de intenciones de Zapatero. Cabría decir que a buenas horas, pero no le quitemos mérito. Aún. Veamos: aplicación del artículo 149, 13 y 14, de la Constitución Española. Facultades en materia de Hacienda general y planificación económica reservadas al Estado. Que no se han ejercido jamás de manera mínimamente coherente. De ahí el desparrame que vivimos ahora. Y ahora, con todas las competencias de gasto social transferidas, nos acordamos de la coordinación económica y del impacto de las haciendas autonómicas y locales en el déficit consolidado el Estado Español. Bueno, asumamos que es necesario, que constitucionalmente es irreprochable y que es el único camino para la reconducción de los déficits estructurales autonómicos. Veamos qué actuaciones se están llevando a cabo o se tienen que afrontar, para dimensionar sus palabras:
- Financiación Autonómica: se han eliminado, mediante una interpretación caprichosa y, por supuesto, ilegal, los fondos adicionales del modelo, derivando 5500 millones de déficit del Estado hacia las CCAA. Aplicación al modelo, ilegal, del avance de la liquidación 2009 a la financiación de 2011, reduciendo aún más la participación en los tributos del Estado de las haciendas autonómicas. Más centrifugación del déficit estatal. Mal empezamos: pedir la reducción del déficit y la contingentación de la deuda, reduciendo los fondos que legalmente corresponden a las CCAA para financiar las políticas sociales, es, simplemente, imposible. En especial reservándose el Estado, también por mandato constitucional, la capacidad normativa en la regulación de los servicios públicos: Ley de Función Pública, Ley General de Sanidad, Ley de Dependencia...de forma que cualquier decisión estructural que afecte a estos servicios debe ser habilitada por la normativa estatal. Corolario: ¿a qué espera Zapatero a hacerlo?.
- Decisiones políticas: Cataluña ya ha dicho que el proceso autonómico, el "café para todos", es un disparate, que hay que reconducirlo, obviamente pensando en los demás, porque han advertido expresamente que cualquier iniciativa política tendente a la reordenación del proceso autonómico (hay que recordar los avatares de la LOAPA), sería una "agresión" contra Cataluña, ya que su anclaje autonómico está en el Estatut del 32, y no en la Constitución Española. Con un par. Supongo que las CCAA "históricas" compartirán, con menos histrionismo, el mismo criterio. De forma que las "no históricas", en el concepto que ellos tienen del historicismo, nos vemos abocados a regresar a nuestros orígenes, las Diputaciones Provinciales. Simpático panorama: autonomía plena y absoluta, concierto fiscal... uhmmmm....
- Decisiones económicas: "Las CCAA tienen que cumplir, o el Gobierno actuará". Definamos de forma precisa "tienen que cumplir", porque, tras "lo" del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 24 de noviembre, cuando todo el mundo cumplía, salvo Murcia y Castilla La Mancha, y ahora resulta que todo el mundo incumple el escenario de consolidación fiscal, y además por mucho, el concepto "cumplir" queda un tanto desdibujado. Y mucho más el concepto "el Gobierno actuará". ¿Está, acaso, amenazando con la intervención de las CCAA, aplicando el mecanismo del 155 de la Constitución?. ¿Está trasladando la intervención "de hecho" a la "de derecho?. Estaría bien que aclarara esta cuestión, porque si no se han intervenido determinadas CCAA cuando "no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España", y ejemplos hemos tenido varios y terribles en los últimos años, con desafíos brutales a la interés de España (Plan Ibarreche, consultas independentistas catalanas, etc), ¿lo va a hacer ahora?.
Veremos en qué queda. Apuestas: en nada. Molestar a las CCAA donde gobierne el PP (ejemplo paradigmático y especialmente doloroso, Murcia), y que hagan poco daño en términos macro, y las demás que hagan lo que les plazca, discretamente, eso sí.
