La Razón, 17 de enero de 2011. Artículo de Ely del Valle.
Dice el presidente auténtico –o sea Zapatero, no Rubalcaba– que ya está bien de cachondeo y que, o las comunidades se aprietan la faja del presupuesto, o el Gobierno tomará cartas en el asunto. Cinco años después de desbaratar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y dos desde que se aprobó la modificación de la Ley de Financiación Autonómica, que son los polvos de los que han surgido los viscosos lodos de las deudas regionales, Zapatero ha encontrado la oportunidad de desquitarse de la humillación sufrida hace siete meses cuando Merkel se puso en jarras y le obligó a agachar las orejas del talante social y meterse el rabo ideológico entre las piernas. Al igual que el empleado mediocre abroncado por el jefe suele trasladar el chaparrón a los que están por debajo, el presidente está dispuesto a colgarles el cartel de «cerrado por desahucio» a esas mismas comunidades para las que él decretó barra libre en la feliz época de las vacas gordas.
En principio, nada que objetar: que Zapatero ponga orden en el desmán del gasto autonómico es imprescindible y necesario si queremos que los tentáculos de la crisis dejen de estrujarnos la epiglotis. Bienvenida, por lo tanto, la rectificación aunque sea disfrazada de golpe de autoridad.
El problema es que, cuando una comunidad se comporta de una manera responsable y le hace caso, como Murcia, es la candidata de Zapatero para las próximas elecciones, la del partido socialista de Murcia, la que se pone a la cabeza de una manifestación ilegal en la que se tiran piedras y huevos contra la vivienda del presidente Valcárcel. Yo mando, tu obedeces, y los míos te arman la mundial. Todo muy coherente, como ya es habitual.
