Cataluña urge a Rajoy a poner en marcha el fondo de liquidez sin "control político" a las autonomías: El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha urgido este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a poner en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico, y ha exigido que sea un instrumento transparente que no conlleve "control político" a las comunidades que se acojan a él. (vía Cinco Días).
Ciertamente, el RDLey 21/2012, es un instrumento excepcionalmente bien diseñado para hacerse con el control político de una CCAA sin necesidad de invocar el difícil y políticamente diabólico artículo 155 de la Constitución. Porque no hay mayor control político que obligar a una Comunidad Autónoma a someter su política de gasto público (y, en menor medida, de ingresos, aunque la asimetría en las competencias en ambos ámbitos es tan grande que apenas se verán medidas en este último) a la autorización previa de las instancias de la Administración General del Estado. Instancias que no van a ser tolerantes, en absoluto, con algunas de las boutades que, en estos tiempos de locura y desenfreno autonómico, se han consentido. Las "embajadas" como paradigma, pero hay otras muchas. Y no sólo aeropuertos, que también. Al fin y al cabo, las infraestructuras se podrán utilizar, de una forma o de otra. Pero subvencionar a toda la sociedad civil, acostumbrar a todos los ámbitos económicos, sociales, educativos, etc., a la política del "gratis total", con propina para gastos de bolsillo es, probablemente, el peor de los recuerdos que esta situación nos va a dejar. Porque esa política de compra de votos (que es, al fin y al cabo, lo que subyace en esa actuación) no se puede sostener en el tiempo. Porque los perceptores de esas regalías la consideran derechos adquiridos y no van a renunciar fácilmente a ellas. Porque hay demasiada gente que ha realizado grandes negocios con esa falta de escrúpulos políticos, y no sólo inmobiliarios, sino en áreas de altísima sensibilidad social.
El FLA es una muestra inteligente de cómo es posible reconducir los excesos de las Administraciones periféricas. No obstante, es una derivada lógica de esa política absurda, destinada a poner en el centro de la diana a las CCAA como las grandes culpables del déficit público, aunque no sean responsables de más del 25% del mismo (y con las políticas de gasto que soportan). Ahora, esa acusación falsa ha supuesto que no haya agentes que participen voluntariamente en la financiación de las mismas, lo que llevaría al colapso de la financiación de los servicios públicos fundamentales, junto que los otros gastos públicos perfectamente prescindible. Y ahora el bolsillo de todos los ciudadanos tendrán que financiar este mecanismo, hasta que pueda volver la normalidad a la financiación de las Administraciones periféricas. Eso sí, recortadas...
